El pronunciamiento se da en respuesta al polémico aumento del 5,36% en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que financia servicios y tecnologías de los regímenes subsidiado y contributivo. Según la Procuraduría, esta medida carece de sustento técnico y obedece a decisiones políticas tras el archivo de la Ley de Financiamiento en el Congreso, incrementando presiones para la aprobación de la reforma al sistema de salud.
Además, el ente de control recordó que la Corte Constitucional ha advertido en tres ocasiones, entre junio de 2022 y diciembre de 2024, sobre posibles sanciones disciplinarias y penales contra el Ministerio de Salud por el incumplimiento de órdenes emitidas en la sentencia T-760-08.
La solicitud busca que se adopten medidas urgentes para garantizar el derecho a la salud de los colombianos.